MILEI autorizó los CORTES de AGUA por FALTA de PAGO

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**MILEI AUTORIZA CORTES DE AGUA POR FALTA DE PAGO: UNA DECISIÓN CONTROVERSIAL QUE SACUDE ARGENTINA**

En una medida que ha desatado la indignación en todo el país, el presidente Javier Milei ha autorizado oficialmente a la futura concesionaria del servicio de agua, Mecorot, a cortar el suministro a aquellos que no puedan pagar sus cuotas mensuales. Esta decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial, plantea serias preocupaciones sobre el acceso al agua potable en un país donde muchas comunidades aún luchan por obtener este recurso esencial.

Mecorot, una empresa israelí con un historial polémico, ha estado involucrada en proyectos hídricos en Argentina y ha sido acusada de restringir el acceso al agua en Palestina. La privatización de un recurso tan vital como el agua ha generado un intenso debate sobre la gestión de servicios públicos en el país. ¿Quién se hará cargo de las comunidades vulnerables que ya enfrentan dificultades para acceder al agua? En barrios populares de Buenos Aires, muchas familias dependen de camiones cisterna para obtener agua potable, y ahora se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin este recurso vital por falta de pago.

La decisión de Milei ha reavivado temores sobre la privatización de servicios esenciales y su impacto en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La gestión anterior había logrado importantes avances en la cobertura de agua y cloacas en barrios populares, pero la llegada de una empresa privada podría revertir esos logros. La pregunta que resuena en el aire es: ¿quién protegerá a aquellos que no pueden pagar?

La controversia se intensifica en un clima de crisis económica, donde muchos argentinos apenas pueden cubrir sus necesidades básicas. La privatización de la principal empresa de agua del país no solo representa un riesgo económico, sino que también plantea un dilema moral sobre el acceso a un recurso que debería ser un derecho humano fundamental. La situación es crítica y la sociedad argentina se encuentra en un punto de inflexión que podría definir el futuro del acceso al agua en el país.

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